La deuda pública de México ha alcanzado un nivel histórico de más de 18.6 billones de pesos, y aproximadamente la mitad de ese monto —alrededor de 9.3 billones— fue contraída durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Según datos consolidados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y reportes de la Auditoría Superior de la Federación, el endeudamiento se aceleró por la emisión de bonos, préstamos internacionales y el financiamiento de megaproyectos emblemáticos, programas sociales y gasto corriente sin contrapartida económica clara.

Esta cifra equivale a que cada mexicano, incluyendo niños y recién nacidos, debe hoy más de 138 mil pesos.

La deuda pública no es solo un número en las estadísticas: es un compromiso que adquieren las generaciones presentes y futuras de mexicanos. Cuando más de la mitad de la deuda total del país se genera en apenas ocho años, se plantea una seria pregunta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el peso que esta carga representará para quienes apenas comienzan su vida productiva. En un país donde millones de familias enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos, cada peso adicional de deuda significa menos recursos disponibles para salud, educación, seguridad e infraestructura esencial. La responsabilidad fiscal no es un asunto técnico, sino un deber moral hacia las próximas generaciones. Los mexicanos tienen derecho a exigir que el manejo del erario se realice con prudencia, transparencia y visión de largo plazo, evitando que el endeudamiento se convierta en una pesada herencia que limite el desarrollo futuro de México.
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