La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad el 19 de febrero de 2026 una ley de amnistía destinada a excarcelar a cientos de detenidos por motivos políticos, en un paso impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero. La norma cubre hechos ocurridos en períodos de crisis política entre 1999 y 2026, incluyendo protestas y golpes de Estado, pero excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidio, narcotráfico y corrupción. Según organizaciones como Foro Penal, podría beneficiar a alrededor de 700 presos, aunque deja fuera a 185 militares y uniformados, y no revoca inhabilitaciones políticas ni devuelve bienes incautados.

La ley permite a exiliados designar abogados para solicitarla, pero exige comparecencia personal en Venezuela, lo que genera dudas sobre su efectividad. Una comisión especial analizará casos no cubiertos, priorizando la reconciliación nacional.

En contexto, esta medida resalta las complejidades de superar décadas de polarización bajo un modelo centralizado, subrayando la importancia de reformas que fortalezcan el estado de derecho y garanticen libertades individuales para una estabilidad duradera, evitando ciclos de represión que han afectado la convivencia social.
​