Un hombre capturado en el departamento del Cauca confesó ante la Fiscalía que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 12 de marzo en Bogotá, fue ordenado por una estructura de las disidencias de las FARC, específicamente el frente Dagoberto Ramos.
Un hombre capturado en el departamento del Cauca confesó ante la Fiscalía que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 12 de marzo en Bogotá, fue ordenado por una estructura de las disidencias de las FARC, específicamente el frente Dagoberto Ramos.


Un hombre capturado en el departamento del Cauca confesó ante la Fiscalía que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 12 de marzo en Bogotá, fue ordenado por una estructura de las disidencias de las FARC, específicamente el frente Dagoberto Ramos. El implicado, identificado como alias “El Flaco”, señaló que el móvil estaría relacionado con la postura del legislador del Centro Democrático contra el proceso de paz y su denuncia constante de la presencia de grupos armados en zonas rurales.
La Fiscalía confirmó que el detenido participó en la logística del atentado y que las investigaciones apuntan a una célula urbana coordinada desde el suroccidente del país. Hasta el momento, se han emitido cuatro órdenes de captura adicionales, y las autoridades no descartan que el homicidio tenga vínculos con el financiamiento de campañas políticas en regiones bajo influencia de las disidencias.
El asesinato de Uribe Turbay se suma a una larga lista de líderes políticos y defensores de la institucionalidad que han sido blanco de grupos armados ilegales en Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 400 líderes sociales y políticos han sido asesinados, según la Defensoría del Pueblo, muchos de ellos en zonas donde persiste el control territorial de disidencias de las FARC y el ELN. En un país donde la implementación del proceso de paz avanza con lentitud y la violencia rural sigue cobrando vidas, estos crímenes recuerdan que la reconciliación real exige no solo acuerdos firmados, sino el desmantelamiento efectivo de estructuras criminales que aún operan con impunidad en amplias regiones del territorio nacional.
