Carlos Pérez Ricart, coordinador de la Estrategia Nacional de Seguridad y vinculado a la 4T, minimizó la magnitud de la crisis de desapariciones en México al afirmar que “hay muchas personas que no quieren ser localizadas, en muchos casos, mujeres violentadas que simplemente no quieren ser encontradas”.

La declaración fue hecha durante una entrevista en la que se le cuestionó sobre el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que alertó sobre indicios de crímenes de lesa humanidad en el país.

Pérez Ricart argumentó que una parte importante de los casos registrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas corresponden a personas que “deciden voluntariamente no ser encontradas”, particularmente mujeres que huyen de situaciones de violencia familiar.

La afirmación ha generado una fuerte reacción negativa entre colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, quienes la calificaron de “insensible” y “revictimizante”.

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, una de las crisis humanitarias más graves del continente. Minimizar esta tragedia atribuyendo una parte significativa de los casos a “personas que no quieren ser encontradas” ignora la realidad que viven miles de familias que buscan incansablemente a sus seres queridos, muchas de ellas mujeres que han sido víctimas de violencia y feminicidio. Este tipo de declaraciones desde instancias cercanas al gobierno federal reflejan una actitud que tiende a restar gravedad a una problemática estructural, en lugar de asumir la responsabilidad del Estado en la prevención, búsqueda y justicia para las víctimas de desaparición.
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