La Presidencia de la República, a cargo de Claudia Sheinbaum, destinó 9 millones de pesos a la realización de encuestas de opinión pública sobre la reforma electoral conocida como “plan B”.

De acuerdo con documentos obtenidos vía transparencia, los recursos fueron ejercidos a través de la Coordinación de Comunicación Social para contratar estudios sobre la percepción ciudadana respecto a la reducción del financiamiento a partidos políticos, la eliminación de plurinominales en el Senado y el adelanto de la revocación de mandato.

La oposición ha cuestionado el uso de estos fondos, argumentando que se trata de recursos públicos utilizados para justificar una reforma que ha generado fuerte controversia y división incluso dentro de la coalición oficialista.

Hasta el momento, la Presidencia no ha detallado los resultados de dichas encuestas ni las empresas encargadas de realizarlas.

El gasto de casi 9 millones de pesos en encuestas sobre un tema tan polarizante como la reforma electoral ocurre en un momento en que el país enfrenta múltiples prioridades urgentes, entre ellas la crisis de seguridad, la atención a la salud y el combate a la pobreza que afecta a más de 50 millones de mexicanos según el Coneval. Este tipo de erogaciones con recursos públicos para medir la opinión sobre iniciativas legislativas del propio gobierno genera cuestionamientos sobre la pertinencia y la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes, especialmente cuando el debate sobre la reforma se ha centrado en posibles ventajas para la fuerza política en el poder.
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