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El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta grave sobre la situación de las desapariciones en México, señalando que existen “indicios claros de crímenes de lesa humanidad” en el patrón sistemático de desapariciones forzadas que se registra en el país.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta grave sobre la situación de las desapariciones en México, señalando que existen “indicios claros de crímenes de lesa humanidad” en el patrón sistemático de desapariciones forzadas que se registra en el país.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta grave sobre la situación de las desapariciones en México, señalando que existen “indicios claros de crímenes de lesa humanidad” en el patrón sistemático de desapariciones forzadas que se registra en el país.

En su informe más reciente, el Comité destacó que la magnitud, duración y características de las desapariciones —más de 130 mil casos documentados desde 1964— sugieren que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno estructural que involucra a actores estatales y no estatales con un alto grado de organización.

El organismo internacional urgió al gobierno mexicano a reconocer la dimensión de la crisis, fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar la independencia de las investigaciones, especialmente en aquellos casos donde existen indicios de participación o aquiescencia de autoridades.

México registra una de las cifras más altas de desapariciones en el mundo contemporáneo. La persistencia de este fenómeno durante más de dos décadas, sin que se haya logrado una disminución significativa a pesar de los cambios de gobierno, ha generado una profunda crisis de confianza en las instituciones de procuración de justicia. Cuando un organismo especializado de la ONU habla de “indicios de crímenes de lesa humanidad”, se trata de una señal de alerta máxima que trasciende el ámbito nacional y obliga a una reflexión seria sobre la capacidad del Estado mexicano para cumplir con su obligación fundamental: proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos.