La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad la constitucionalidad de las pensiones complementarias para jueces y magistrados de Chihuahua que optaron por no participar en la elección judicial derivada de la reforma de 2024. El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, considera estas prestaciones como una protección laboral ante la salida anticipada de cargos, sin violar principios constitucionales. Cuatro ministros, incluyendo Lenia Batres Guadarrama, votaron en contra, argumentando que implica privilegios locales y asume erróneamente que la reforma afectó derechos de los juzgadores. "Me parece grave que el proyecto proponga que esta Suprema Corte asuma que la reforma constitucional afectó algún derecho de los trabajadores del Poder Judicial", sostuvo Batres.

La resolución mantiene vigentes las disposiciones transitorias del estado, asegurando el respeto a la seguridad social de los funcionarios.

Esta decisión resalta las tensiones en la implementación de reformas institucionales que buscan modernizar el Poder Judicial, en un país donde el equilibrio entre derechos laborales y eficiencia pública es esencial para mantener la confianza en el sistema, especialmente cuando cambios estructurales generan debates sobre equidad y estabilidad administrativa.
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