El Ministerio del Interior de Cuba informó que sus tropas guardafronteras abatieron a cuatro personas e hirieron a otras seis en una lancha rápida con matrícula de Florida que, según La Habana, intentaba infiltrarse con “fines terroristas” frente a Cayo Falcones, en la costa norte de la isla, el 25 de febrero de 2026. Las autoridades cubanas aseguraron que la embarcación ignoró el alto y abrió fuego primero contra los agentes, resultando también herido un oficial cubano.

Los ocupantes eran cubanos residentes en Estados Unidos, entre ellos al menos un ciudadano estadounidense fallecido y otro herido. El secretario de Estado Marco Rubio negó cualquier vínculo con operaciones gubernamentales de EE.UU. y anunció una investigación exhaustiva por parte de Washington y Florida.

Este incidente vuelve a exponer la opacidad característica de regímenes que han mantenido décadas de control absoluto, donde narrativas oficiales sobre amenazas externas suelen servir para justificar acciones internas. En un Caribe marcado por migración y tensiones, resalta la importancia de políticas de seguridad claras y transparentes que protejan vidas y fortalezcan la estabilidad regional frente a sistemas que históricamente han priorizado el poder sobre el bienestar de sus ciudadanos.
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