El gobierno cubano anunció una apertura sin precedentes para que sus ciudadanos residentes en el exterior —incluyendo a aquellos en Estados Unidos y sus descendientes— inviertan en el sector privado de la isla y se conviertan en propietarios de negocios. El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, confirmó que la medida abarca inversiones en sectores prioritarios como turismo, minería, energía e infraestructura, permitiendo alianzas con entidades públicas o privadas existentes, así como la creación de nuevas empresas. Hasta ahora, la diáspora solo podía enviar remesas o donaciones, pero no participar directamente como inversionista.

La decisión llega en medio de una crisis energética extrema con apagones que afectan al 80% del territorio, escasez alimentaria y una fuerte presión externa. Sin embargo, Estados Unidos ha respondido con cautela: la administración Trump exige reformas políticas profundas —como mayor apertura democrática y respeto a derechos humanos— antes de considerar cualquier flexibilización de sanciones o normalización de relaciones comerciales.

Cuba mantiene un modelo económico centralizado desde 1959 que ha generado un PIB per cápita estancado y dependencia crónica de subsidios externos. Mientras el régimen busca captar capital de su diáspora —más de 2 millones de cubanos en EE.UU. y México—, la falta de garantías jurídicas reales y de un sistema político plural sigue siendo un obstáculo para atraer inversiones sostenibles. En un hemisferio donde la libertad económica y política ha demostrado impulsar prosperidad, esta medida parcial invita a reflexionar sobre si representa un cambio genuino o solo un intento de supervivencia ante presiones crecientes.
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