Diversas organizaciones civiles y legisladores de oposición denunciaron la existencia de una posible red de lavado de dinero que operaría a través del Banco del Bienestar para financiar campañas y actividades políticas de Morena.
Diversas organizaciones civiles y legisladores de oposición denunciaron la existencia de una posible red de lavado de dinero que operaría a través del Banco del Bienestar para financiar campañas y actividades políticas de Morena.


Diversas organizaciones civiles y legisladores de oposición denunciaron la existencia de una posible red de lavado de dinero que operaría a través del Banco del Bienestar para financiar campañas y actividades políticas de Morena.
Según la denuncia presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República, se detectaron movimientos inusuales por cientos de millones de pesos en cuentas del banco público, principalmente en sucursales de estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas y Guerrero. Los recursos habrían sido canalizados mediante depósitos fraccionados y transferencias a empresas fantasma y asociaciones civiles afines a Morena, para ser utilizados en promoción política y apoyos electorales.
La queja señala que el Banco del Bienestar, creado como instrumento de inclusión financiera para los programas sociales, estaría siendo utilizado como vehículo para mover dinero de procedencia dudosa con destino a fines partidistas.
Hasta el momento, ni la UIF ni la Fiscalía han emitido una postura oficial sobre la denuncia.
El Banco del Bienestar maneja miles de millones de pesos anuales correspondientes a los Programas para el Bienestar, recursos que deberían destinarse exclusivamente a la atención de la población más vulnerable. En un país donde la pobreza afecta a más de 50 millones de personas según el Coneval, cualquier indicio de que estos fondos se utilicen con fines políticos o sean desviados a través de mecanismos de lavado representa una grave distorsión del propósito original de los programas sociales. La denuncia refuerza la necesidad de una fiscalización estricta y transparente de todas las instituciones públicas que manejan recursos de los contribuyentes, especialmente aquellas que operan en el ámbito de la asistencia social.
