La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable de la operación y mantenimiento del Tren Maya, detectó señales de hundimiento en los pilotes de varios tramos de la obra, particularmente en las secciones que atraviesan zonas de suelo kárstico y pantanoso en Campeche y Quintana Roo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable de la operación y mantenimiento del Tren Maya, detectó señales de hundimiento en los pilotes de varios tramos de la obra, particularmente en las secciones que atraviesan zonas de suelo kárstico y pantanoso en Campeche y Quintana Roo.


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable de la operación y mantenimiento del Tren Maya, detectó señales de hundimiento en los pilotes de varios tramos de la obra, particularmente en las secciones que atraviesan zonas de suelo kárstico y pantanoso en Campeche y Quintana Roo.
De acuerdo con un informe técnico interno al que tuvo acceso la prensa, se observan fisuras y desplazamientos verticales en al menos cuatro viaductos y estructuras elevadas. Los ingenieros advirtieron que, de no atenderse oportunamente, el problema podría comprometer la estabilidad y seguridad de la vía.
La Sedena aseguró que ya se encuentran realizando estudios geotécnicos adicionales y que se implementarán obras de reforzamiento en los puntos críticos. Sin embargo, no se ha dado una fecha precisa para la conclusión de los trabajos ni se ha informado sobre el costo estimado de las reparaciones.
El Tren Maya fue presentado como uno de los proyectos emblemáticos de la transformación nacional, con un costo total que superó ampliamente las proyecciones iniciales. La detección de problemas estructurales tan pronto después de su inauguración genera preocupación sobre la calidad de la ingeniería y la rigurosidad de los estudios previos de suelo en una región caracterizada por su compleja geología. En un país donde los recursos públicos son limitados y donde existen múltiples necesidades sociales urgentes, cualquier falla en megaproyectos de esta magnitud representa no solo un riesgo operativo, sino también un costo adicional que, en última instancia, es asumido por los contribuyentes mexicanos.
