La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del llamado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación se realizó con 259 votos a favor, principalmente de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 234 en contra, de la oposición integrada por PAN, PRI y MC.

El proyecto, que se discute mediante leyes secundarias para evitar la necesidad de mayoría calificada, incluye la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, ajustes en la distribución de plurinominales y la posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial.

La oposición criticó duramente la iniciativa, argumentando que busca concentrar ventajas electorales para Morena de cara a las elecciones de 2027. Morena, por su parte, defendió la reforma como un paso hacia una “democracia más austera y participativa”.

El sistema electoral mexicano, consolidado desde 1996, ha permitido la alternancia y la representación plural mediante mecanismos como el financiamiento público y las plurinominales. Modificar estas reglas a través de leyes secundarias, sin alcanzar el consenso amplio que requieren las reformas constitucionales, genera preocupación sobre el equilibrio democrático y la equidad en la competencia política. En un país con más de 100 millones de electores registrados, cualquier cambio en las reglas del juego debe priorizar la estabilidad institucional y el respeto a la voluntad ciudadana, evitando que se perciba como una ventaja estructural para la fuerza política en el poder.
​