La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma que reduce de manera escalonada la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con entrada en vigor total en 2030.

La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, fue avalada con 312 votos a favor y 148 en contra. Establece una disminución progresiva: 44 horas en 2026, 42 en 2027 y 40 horas semanales a partir de 2030. Los legisladores de la oposición advirtieron que la medida podría generar mayores costos para las empresas, afectar la productividad y complicar la formalización del empleo en un país donde más del 55 % de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad.

La reforma pasa ahora al Senado para su revisión.

La reducción de la jornada laboral responde a una demanda legítima de mejores condiciones para los trabajadores. Sin embargo, en una economía como la mexicana, con alta informalidad y sectores productivos que enfrentan competencia internacional, su implementación gradual debe considerar el impacto real en las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Sin una mejora paralela en productividad, competitividad y formalización del empleo, esta reforma podría traducirse en mayores costos laborales, menor generación de empleos formales y presión sobre las finanzas de las familias. La experiencia de otros países muestra que las mejoras en el mercado laboral se logran más con inversión, capacitación y certeza jurídica que con reducciones unilaterales de la jornada que no vayan acompañadas de un aumento real en la eficiencia productiva.
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