La Cámara de Diputados suspendió temporalmente los trabajos de dictaminación de la reforma judicial y sus leyes secundarias, en lo que se interpreta como un compás de espera ante la posibilidad de posponer la elección popular de jueces y magistrados hasta el 2028.

Fuentes parlamentarias indicaron que Morena y sus aliados esperan una indicación directa desde Palacio Nacional para modificar el calendario y evitar que la elección coincida con el proceso electoral intermedio de 2027. La decisión se tomó en medio de fuertes críticas de la oposición y de sectores del Poder Judicial, que advirtieron sobre los riesgos de una elección masiva de jueces en plena polarización política.

Hasta el momento, la Junta de Coordinación Política no ha fijado una nueva fecha para reanudar los trabajos.

La reforma judicial representa uno de los cambios más profundos al sistema institucional en décadas. Posponer su implementación hasta 2028 sugiere que, más allá del discurso de “democratización”, existe una evaluación pragmática sobre los riesgos políticos y operativos de llevar a cabo una elección masiva de miles de cargos judiciales en medio de un ambiente polarizado. La ciudadanía tiene derecho a un Poder Judicial profesional, independiente y confiable, capaz de impartir justicia con certeza y sin presiones políticas. Cualquier modificación al calendario debe priorizar la estabilidad institucional y la calidad de la justicia por encima de cálculos electorales.
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