El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, residió durante seis meses (octubre 2021 a abril 2022) en la residencia oficial de la embajada de México en Londres, con todos los servicios cubiertos por el erario: habitación en la zona más exclusiva (Belgrave Square), aseo diario, lavado y planchado de ropa, y alimentos preparados por cocinera personalizada.

La estancia ocurrió mientras Ebrard era secretario de Relaciones Exteriores y la embajadora era Josefa González Blanco, su subordinada directa. El valor estimado de una habitación similar en esa zona supera los 80 mil pesos mensuales, lo que representa un uso indebido de bienes públicos.

Especialistas consultados señalan que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad, peculado y nepotismo, previstos en el Código Penal Federal con penas que van de dos a 14 años de prisión.

Ebrard defendió la decisión argumentando que fue un “ofrecimiento” de la embajadora y que no hubo abuso, aunque reconoció la duración de seis meses.

Las embajadas y residencias diplomáticas son patrimonio de la nación, financiadas con recursos de todos los mexicanos para cumplir funciones de representación del Estado, no como alojamiento privado. El uso prolongado de instalaciones oficiales en beneficio de un familiar directo de un alto funcionario contrasta fuertemente con el discurso de austeridad y honestidad que ha caracterizado al movimiento gobernante. Casos como este erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y refuerzan la percepción de que, en algunos niveles del poder, las reglas aplican de manera distinta según la cercanía al cargo. La transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de bienes públicos son indispensables para preservar la legitimidad del servicio público y evitar que el erario se utilice como beneficio personal.
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