El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfrentaría posibles responsabilidades penales por haber permitido que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, residiera durante seis meses en la residencia oficial de la embajada de México en Londres, con todos los gastos cubiertos por el erario público.

De octubre de 2021 a abril de 2022, el joven ocupó una habitación en la exclusiva zona de Belgrave Square, disfrutando de servicios completos: aseo diario, lavado y planchado de ropa, y alimentos preparados por cocinera personal. El valor estimado de esa estancia supera los 80 mil pesos mensuales.

Expertos consultados indican que los hechos podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado y nepotismo, previstos en el Código Penal Federal con penas que van de dos a 14 años de prisión, además de posibles sanciones administrativas por uso indebido de bienes públicos.

Ebrard defendió la decisión argumentando que fue un “ofrecimiento” de la entonces embajadora Josefa González Blanco, pero no ha aclarado por qué se extendió por seis meses.

Las embajadas y residencias diplomáticas son patrimonio de la nación, financiadas con recursos de todos los mexicanos para cumplir funciones de representación del Estado, no como alojamiento privado de familiares de funcionarios. El uso prolongado de instalaciones oficiales en beneficio de un hijo de un alto funcionario contrasta fuertemente con el discurso de austeridad y honestidad que ha caracterizado al movimiento gobernante desde sus inicios. Este tipo de casos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y refuerza la percepción de que, cuando se trata de figuras cercanas al poder, las reglas parecen aplicarse de manera diferente. La transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de bienes públicos son indispensables para preservar la legitimidad del servicio público.
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