Durante su gestión como secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard participó en la entrega de más de 100 patrullas rentadas al municipio de Acapulco, Guerrero, en el marco de la estrategia de seguridad “Fuerza Acapulco”.

Los vehículos, modelo Nissan NP300, no eran nuevos —algunos con hasta 30 mil kilómetros de uso— y fueron arrendados a la empresa Casanova Vallejo a un costo de aproximadamente 24 mil a 26 mil pesos mensuales por unidad. La empresa se encontraba inhabilitada por 45 meses por la Secretaría de la Función Pública tras rentar ambulancias con sobreprecio al ISSSTE. El contrato representó un desembolso estimado en alrededor de 40 millones de pesos para el erario municipal, a pesar de que las unidades presentaron fallas mecánicas poco tiempo después.

La alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez encabezó el acto junto a Ebrard, quien asistió con tintes políticos previos a la reelección municipal.

Acapulco enfrenta graves desafíos de inseguridad que requieren equipamiento policial eficiente y transparente. Rentar patrullas usadas a un sobreprecio a una empresa previamente inhabilitada por irregularidades similares genera serias dudas sobre el criterio de asignación de recursos públicos y la priorización de la seguridad ciudadana. En un municipio turístico que ha sufrido por la violencia y la precariedad, estos contratos contrastan con las necesidades reales de la población y refuerzan la percepción de que, en algunos casos, las decisiones administrativas responden más a afinidades políticas que a un uso responsable y austero del dinero de los contribuyentes. La transparencia en las contrataciones públicas y la rendición de cuentas estricta son indispensables para que los recursos destinados a seguridad beneficien realmente a los ciudadanos y no generen dudas sobre posibles irregularidades.
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