El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a nueve funcionarios y exfuncionarios de Morena de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado, principalmente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los señalados se encuentran alcaldes, diputados locales y operadores políticos en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Colima. Las acusaciones incluyen protección a células criminales, facilitación de rutas de fentanilo y recepción de recursos ilícitos a cambio de impunidad territorial.

Las imputaciones forman parte de una investigación más amplia sobre la infiltración del narcotráfico en estructuras de gobierno, y han generado solicitudes de extradición para al menos tres de los involucrados.

Cuando un país vecino acusa directamente a nueve cuadros de la principal fuerza política en el poder de tener vínculos con el narcotráfico, se trata de una señal grave que trasciende cualquier disputa partidista. La ciudadanía mexicana merece gobernantes cuya prioridad sea la seguridad y el Estado de derecho, no la protección de intereses que generan violencia y sufrimiento. Estos señalamientos refuerzan la urgencia de fortalecer las instituciones y aplicar la ley sin distinciones, para recuperar el control territorial y garantizar que el servicio público se ejerza con integridad. La confianza en la democracia depende de que nadie, independientemente de su cargo o partido, esté por encima de la ley.
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