El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal contra el senador de Morena, Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con organizaciones criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa.

Según el documento, Inzunza habría mantenido relaciones de protección y colaboración con operadores del cártel, facilitando el trasiego de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Las autoridades norteamericanas lo señalan como parte de una red de protección política que habría operado en Sinaloa y otras entidades.

La acusación se suma a una serie de señalamientos contra figuras políticas mexicanas y ha generado un fuerte impacto en el Senado, donde Morena mantiene la mayoría.

Hasta el momento, el senador Inzunza no ha emitido una respuesta oficial a los cargos.

Cuando un senador de la fuerza política mayoritaria en el Congreso es acusado por autoridades estadounidenses de tener nexos con el narcotráfico, se pone en evidencia la profundidad que ha alcanzado la infiltración del crimen organizado en algunas instituciones. Este tipo de señalamientos no solo afectan la imagen internacional de México, sino que generan una profunda preocupación entre los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes actúen con integridad y compromiso con la ley. La lucha contra el narcotráfico requiere instituciones sólidas y servidores públicos libres de cualquier vínculo ilícito. Las familias mexicanas merecen certeza de que sus autoridades priorizan la seguridad y el Estado de derecho por encima de cualquier cálculo político o de conveniencia.
​