El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en su más reciente reporte sobre derechos humanos y seguridad regional una alerta clara sobre la infiltración del crimen organizado en los sindicatos mexicanos.

Según el documento, diversas organizaciones sindicales en sectores estratégicos como el petrolero, el minero, el de la construcción y el del autotransporte presentan “evidencias crecientes” de influencia o control directo por parte de grupos criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y facciones del Cártel de Sinaloa.

El informe señala que esta infiltración se manifiesta en el cobro de cuotas ilegales a trabajadores, la asignación de plazas sindicales a cambio de favores y la protección de actividades ilícitas como el huachicol y el tráfico de drogas a través de rutas controladas por sindicatos corruptos.

La embajada estadounidense en México ha reiterado su preocupación por este fenómeno, que afecta tanto la seguridad interna como la relación bilateral en materia laboral y comercial.

La infiltración del narcotráfico en estructuras sindicales representa una de las formas más graves de corrupción y captura del Estado en México. Cuando organizaciones que deberían defender los derechos de los trabajadores se convierten en instrumentos de control y extorsión al servicio del crimen organizado, se genera un doble daño: se vulnera la dignidad laboral y se fortalece la economía ilícita. En un país donde el sindicalismo ha tenido un papel histórico importante, esta situación erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y pone en riesgo la estabilidad social, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el transporte. La alerta de Estados Unidos subraya que este problema ya no es solo interno, sino que afecta la relación bilateral y la percepción de México como socio confiable.
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