El gobierno de Estados Unidos impuso 13 nuevas barreras comerciales a productos mexicanos como parte de la revisión del T-MEC y en respuesta a preocupaciones de seguridad nacional, migración y control del narcotráfico.

Entre las medidas destacan restricciones adicionales a importaciones agrícolas, mayores requisitos fitosanitarios, revisiones estrictas en el sector automotriz y límites al acero y aluminio provenientes de México. Funcionarios estadounidenses justificaron las acciones por la persistente infiltración del crimen organizado en cadenas de suministro y la falta de avances suficientes en materia de seguridad fronteriza y judicial.

La Secretaría de Economía de México calificó las medidas como “proteccionistas” y anunció que analizará respuestas diplomáticas y legales.

El T-MEC representa uno de los acuerdos comerciales más importantes para la economía mexicana. La imposición de nuevas barreras por parte de Estados Unidos refleja la creciente preocupación de Washington ante la inseguridad, la infiltración de cárteles y la percepción de debilidad institucional en México. Cuando un socio comercial clave toma medidas de este tipo, no se trata solo de proteccionismo, sino de una señal clara de que la falta de resultados concretos en seguridad y Estado de derecho afecta directamente la confianza y la competitividad del país. Los mexicanos, especialmente los trabajadores y empresarios que dependen de las exportaciones, merecen un gobierno que priorice la estabilidad interna y la certidumbre jurídica, para que México sea visto como un socio confiable y no como un riesgo.
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