El Banco del Bienestar, la institución financiera creada por el gobierno federal para dispersar los programas sociales, ha generado un costo total de 115 mil millones de pesos en los últimos seis años, según un análisis de la Auditoría Superior de la Federación y datos de la Secretaría de Hacienda.
Esta cifra incluye la construcción de más de 2,700 sucursales en todo el país, la compra de tecnología, nómina de personal y gastos operativos. A pesar de la inversión millonaria, el banco ha enfrentado múltiples problemas: fallas constantes en el sistema, largas filas, retrasos en la entrega de tarjetas y denuncias de irregularidades en la contratación de obras.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado opacidad en varios contratos y ha cuestionado la rentabilidad real de la institución, que hasta ahora no ha generado utilidades significativas.
115 mil millones de pesos representan una cantidad extraordinaria de recursos públicos que podrían haberse destinado a fortalecer hospitales, escuelas o programas de seguridad en zonas de alta violencia. Crear una red bancaria paralela con ese monto, en un país donde ya existen instituciones financieras consolidadas, genera legítimas dudas sobre la eficiencia y la necesidad real de este proyecto. Cuando el discurso oficial enfatiza la austeridad y el combate a los privilegios, un gasto de esta magnitud en una institución que aún enfrenta problemas operativos básicos invita a una reflexión profunda sobre el orden de prioridades del gobierno. Los mexicanos tienen derecho a que sus impuestos se utilicen de manera responsable y transparente, priorizando resultados concretos en salud, educación y seguridad por encima de proyectos que, hasta ahora, han mostrado más costo que beneficio real para la población.
​