La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue respaldada por los votos de Morena, el PVEM y, de manera sorpresiva, por la bancada de Movimiento Ciudadano, que aportó los sufragios necesarios para alcanzar la mayoría simple.

El proyecto, que se discute mediante leyes secundarias, incluye la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, ajustes en la distribución de plurinominales y la posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial.

La oposición del PAN y el PRI votó en contra, mientras que el PT se abstuvo.

El “Plan B” busca modificar reglas electorales sin necesidad de mayoría calificada, lo que ha generado preocupación sobre posibles ventajas estructurales para la fuerza política en el poder de cara a las elecciones de 2027. En un sistema que desde 1996 ha garantizado alternancia y representación plural, este tipo de cambios invita a reflexionar sobre si fortalecen realmente la participación ciudadana o, por el contrario, modifican el equilibrio institucional en favor de una sola fuerza política. La incorporación de votos de Movimiento Ciudadano al proyecto oficialista añade una nueva capa de complejidad a la alianza de facto que se está configurando en el Congreso.
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