Un reportaje de investigación reveló que el cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Arnulfo “N”, participó en la creación y operación de varias empresas que obtuvieron contratos millonarios con el programa de Programas para el Bienestar durante el sexenio pasado.

Según la investigación, al menos tres de estas empresas fueron constituidas con socios que actualmente enfrentan procesos judiciales por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los contratos, que superan los 1,200 millones de pesos, se concentraron principalmente en la distribución de despensas, uniformes escolares y apoyos alimentarios en estados como Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Las empresas, registradas entre 2020 y 2022, habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar recursos públicos, según los documentos y testimonios recabados. Hasta el momento, ni el expresidente López Obrador ni su cuñado han emitido una respuesta oficial a las revelaciones.

Este caso se suma a una serie de señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos del programa de Programas para el Bienestar, uno de los emblemas de la 4T. En un país donde más de 50 millones de personas viven en pobreza según el Coneval, el uso de recursos destinados a la asistencia social para fines distintos a los previstos genera especial preocupación. La falta de transparencia en la contratación pública y la posible participación de personas cercanas al poder en esquemas de este tipo refuerzan la necesidad de una fiscalización estricta y efectiva para garantizar que los programas sociales realmente lleguen a quienes más los necesitan.
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