El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), modificó las sanciones impuestas en junio de 2025 contra CIBanco y autorizó ciertas transferencias de fondos para facilitar su liquidación ordenada.

La institución financiera mexicana fue señalada por facilitar el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides y cárteles como el CJNG, Beltrán-Leyva y del Golfo. Tras la revocación de su licencia por parte de las autoridades mexicanas en octubre de 2025, el banco entró en proceso de disolución. La enmienda del Tesoro permite ahora los movimientos necesarios para pagar a los ahorradores protegidos por el IPAB y concluir el cierre definitivo de la entidad.

Este caso ilustra cómo las instituciones financieras mexicanas pueden convertirse en vehículos para el blanqueo de capitales del narcotráfico cuando fallan los controles internos y la supervisión. La intervención de las autoridades estadounidenses, seguida de la liquidación en México, refleja la creciente presión internacional para limpiar el sistema financiero y cortar las rutas de financiamiento al crimen organizado. Para los ahorradores afectados y la ciudadanía en general, resulta preocupante que una entidad bancaria con licencia oficial haya sido vinculada a actividades ilícitas de tal magnitud. Este episodio refuerza la necesidad de una vigilancia más estricta y transparente sobre las instituciones financieras, para evitar que los recursos de los mexicanos terminen, directa o indirectamente, beneficiando a redes criminales que tanto daño causan al tejido social del país.
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