El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa adjudicó un contrato por 356 millones 420 mil pesos a la empresa “Servicios Integrales para el Bienestar Social”, la cual, según el Registro Público de Comercio, cuenta con apenas dos empleados registrados y un capital social de solo 100 mil pesos.

El contrato, firmado en febrero de 2026, es para la “prestación de servicios de alimentación, logística y distribución de despensas” en los 18 municipios del estado durante 2026. La empresa ganó la licitación de manera directa, sin competencia, argumentando “urgencia” por parte de la institución.

La oposición y organizaciones civiles han cuestionado la adjudicación, señalando que se trata de una de las contrataciones más grandes del DIF sinaloense en años recientes y que la empresa carece de la capacidad técnica y operativa para cumplir con el volumen contratado.

Este tipo de adjudicaciones millonarias a empresas con mínima estructura genera serias dudas sobre la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos destinados a programas sociales. En un estado como Sinaloa, donde la pobreza y la marginación siguen afectando a un importante porcentaje de la población, los fondos del DIF deberían priorizarse en la atención directa a las familias más vulnerables. Casos como este refuerzan la percepción de que una parte del gasto social se desvía hacia redes de favoritismo, en lugar de llegar de forma eficiente a quienes realmente lo necesitan.
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