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René Sánchez Galindo, esposo de Elizabeth García Vilchis —conocida como la “señorita de las mentiras” en la mañanera presidencial—, percibe un salario anual superior a los 2.5 millones de pesos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se desempeña como funcionario en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

René Sánchez Galindo, esposo de Elizabeth García Vilchis —conocida como la “señorita de las mentiras” en la mañanera presidencial—, percibe un salario anual superior a los 2.5 millones de pesos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se desempeña como funcionario en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

René Sánchez Galindo, esposo de Elizabeth García Vilchis —conocida como la “señorita de las mentiras” en la mañanera presidencial—, percibe un salario anual superior a los 2.5 millones de pesos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se desempeña como funcionario en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

Según su declaración patrimonial, Sánchez Galindo reporta además la propiedad de siete inmuebles valuados en más de 19 millones de pesos en total. La mayoría de estos bienes fueron adquiridos mediante “donación”, según los registros públicos. Entre las propiedades destacan casas en Puebla, un terreno de 600 metros cuadrados y un local comercial.

La información ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre sus ingresos públicos y el crecimiento de su patrimonio, especialmente en el contexto del discurso oficial de austeridad.

Liz Vilchis ha sido una de las voces más visibles del gobierno federal en la defensa del discurso oficial y en la crítica a medios y opositores. El hecho de que su esposo ocupe un cargo público con una remuneración elevada y acumule un patrimonio significativo de siete propiedades, muchas de ellas obtenidas por donación, contrasta con la narrativa de austeridad y combate a los privilegios que ha caracterizado al movimiento. En un país donde millones de familias enfrentan dificultades económicas y donde los recursos públicos deben destinarse con máxima responsabilidad, estos casos refuerzan la necesidad de una escrutinio riguroso y transparente sobre el patrimonio de los servidores públicos y sus familias, para preservar la confianza ciudadana en las instituciones y evitar cualquier apariencia de doble estándar.