La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno federal adquirió medicamentos supuestamente falsos o de dudosa procedencia destinados a pacientes con cáncer por un monto superior a los 180 millones de pesos durante 2025.

De acuerdo con el informe de fiscalización de la Cuenta Pública, se encontraron irregularidades graves en compras realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), incluyendo lotes de medicamentos oncológicos que no cumplían con los estándares de calidad ni contaban con los certificados sanitarios correspondientes.

La ASF señaló que estos fármacos fueron distribuidos en hospitales públicos sin que se realizara la verificación adecuada, lo que representa un riesgo directo para la vida de los pacientes que padecen cáncer.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Salud ni los institutos de seguridad social han ofrecido una explicación detallada sobre las fallas en los procesos de adquisición y control de calidad.

El desabasto y la falta de medicamentos oncológicos han sido una de las quejas más recurrentes y dolorosas del sistema de salud público en los últimos años. Que el gobierno haya adquirido medicamentos falsos o de dudosa procedencia para pacientes con cáncer agrava una situación ya de por sí crítica, poniendo en riesgo directo la vida de miles de personas que dependen del sector público para su tratamiento. Este tipo de irregularidades no solo representan un desperdicio de recursos públicos, sino también una grave negligencia que afecta a los sectores más vulnerables de la población. En un país donde la salud debería ser una prioridad absoluta, hechos como este erosionan profundamente la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger la vida y el bienestar de los mexicanos.
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