El llamado "plan B" de la reforma electoral, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, incluye cambios que permitirían adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial al tercer o cuarto año del sexenio —en lugar del cuarto año establecido actualmente—. De aprobarse, para el caso de Sheinbaum la votación podría coincidir con las elecciones intermedias de junio de 2027, el mismo día en que se renovaría la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y parte del Poder Judicial.

La propuesta también elimina la prohibición expresa para que la persona titular del Ejecutivo promueva el voto a su favor durante el proceso de revocación, permitiendo difusión oficial del ejercicio y llamado expreso a la participación. Esta posibilidad ha generado preocupación en la oposición y algunos aliados (PT y PVEM), quienes advierten que podría traducirse en una ventaja política significativa para Morena en 2027, al concentrar recursos y visibilidad en un solo evento electoral masivo.

El sistema electoral mexicano, fortalecido desde 1996 con mecanismos de representación plural y financiamiento equilibrado, ha evitado concentraciones excesivas de poder. Con más de 100 millones de electores registrados según el INE, propuestas que empalman procesos clave invitan a ponderar si priorizan la participación ciudadana genuina o facilitan ventajas institucionales que podrían erosionar el equilibrio democrático en beneficio de una sola fuerza política.
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