El Partido del Trabajo (PT) vetó formalmente las candidaturas de Bernardo Valle y Alejandra Tello para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y exigió que en su lugar sean designadas dos mujeres.

Durante la discusión en la Comisión de Gobernación del Senado, los senadores del PT argumentaron que ambos perfiles representan “intereses conservadores” y que su designación no garantizaría la “paridad de género ni la pluralidad” requerida en el árbitro electoral. En su lugar, propusieron a dos mujeres afines a la coalición oficialista.

La decisión ha generado críticas de la oposición, que considera que el PT busca imponer cuotas políticas y de género por encima de la experiencia y la independencia técnica de los aspirantes.

El Consejo General del INE es el órgano máximo encargado de organizar y vigilar los procesos electorales en México. Su credibilidad depende de que sus integrantes sean personas con trayectoria profesional sólida, independencia y distancia clara respecto a los partidos políticos. Cuando una fuerza política veta candidatos por considerarlos “conservadores” y exige reemplazarlos por perfiles afines bajo el argumento de paridad de género, se genera una legítima preocupación sobre si el objetivo real es fortalecer la imparcialidad del árbitro o, por el contrario, asegurar un mayor control político sobre el instituto. En un sistema democrático, la integración de los órganos electorales debe priorizar el mérito, la experiencia y la autonomía, más allá de cuotas partidistas o de género que podrían comprometer su neutralidad de cara a los comicios de 2027. La ciudadanía merece un INE confiable, no un árbitro percibido como extensiones de las fuerzas políticas en el poder.

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