El gobierno de Cuba confirmó que permitirá a sus ciudadanos residentes en el exterior —incluyendo aquellos en Estados Unidos y sus descendientes— invertir en el sector privado de la isla y convertirse en propietarios de negocios. El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, detalló en entrevista con NBC News que la medida abarca no solo inversiones pequeñas, sino también grandes proyectos en infraestructura, turismo, minería y energía. Los emigrados podrán asociarse con entidades públicas o privadas existentes, o crear nuevas empresas privadas, sin limitaciones específicas anunciadas hasta ahora.

La apertura busca atraer capital en medio de una crisis energética severa, con apagones generalizados y escasez de alimentos que han generado descontento social. El anuncio se produce bajo presión de sanciones estadounidenses y busca dinamizar una economía centralizada que ha dependido históricamente de remesas y aliados externos.

Cuba ha mantenido por décadas restricciones estrictas a la inversión de su diáspora, limitándola a remesas o donaciones, en un modelo económico que ha generado un PIB per cápita estancado en torno a los 9,500 dólares según datos del Banco Mundial. Esta flexibilización llega en un momento de aguda necesidad, pero con interrogantes sobre transparencia y libertad real para emprender, en un sistema donde el Estado retiene control dominante sobre sectores estratégicos, lo que históricamente ha limitado la iniciativa privada y el desarrollo sostenible.
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