El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos emblemáticos de la 4T, solo recibió una inspección oficial de seguridad en los últimos dos años, según documentos obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta revelación cobra especial relevancia tras el trágico descarrilamiento ocurrido el pasado 12 de marzo en el tramo Salina Cruz-Coatzacoalcos, que dejó 14 muertos y más de 30 heridos. A pesar de las graves fallas de mantenimiento y seguridad detectadas, el gobierno federal ha centrado sus declaraciones en señalar como principal responsable al maquinista del tren, argumentando “error humano”.

Organizaciones civiles y familiares de las víctimas han criticado esta narrativa, exigiendo una investigación independiente que incluya la responsabilidad de las autoridades y empresas encargadas de la operación y mantenimiento del proyecto.

El Corredor Interoceánico fue presentado como una obra estratégica para el desarrollo del sur-sureste de México. Sin embargo, los constantes accidentes, la falta de mantenimiento adecuado y la tendencia del gobierno a atribuir las fallas únicamente a “error humano” generan serias dudas sobre la planeación, ejecución y supervisión de megaproyectos de esta magnitud. En un país donde los recursos públicos son limitados y donde la seguridad de los trabajadores y usuarios debe ser prioridad absoluta, este tipo de incidentes con saldo mortal refuerzan la necesidad de una fiscalización rigurosa y de una cultura de prevención real, más allá del discurso oficial.
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