La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones. La captura ocurrió el 1 de marzo de 2026 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa durante la audiencia inicial, obligándola a permanecer en un centro de reinserción social femenil estatal mientras avanza la investigación.

La denuncia proviene del senador morenista Waldo Fernández, a quien Barrón había acusado previamente de violación, lo que resultó en una investigación que reveló la falsedad de las declaraciones y un intento de extorsión mediante solicitud de dinero. Barrón, exdiputada priista y candidata al Senado en 2024, negó las acusaciones.

En contexto, este caso subraya los desafíos de integridad en cargos públicos locales, donde la rendición de cuentas es esencial para restaurar la confianza ciudadana en instituciones que manejan recursos comunitarios, especialmente en entornos donde disputas políticas pueden derivar en abusos que afectan la estabilidad social y familiar.
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