Un juez de control vinculó a proceso a 13 elementos del Ejército Mexicano por su presunta responsabilidad en el asesinato de las niñas Leidy y Alexa, de 8 y 10 años, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 2025.

Los militares, pertenecientes al 110 Batallón de Infantería, enfrentan cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones. Según la Fiscalía General del Estado, los soldados habrían disparado contra el vehículo en el que viajaban las menores y su familia, confundiendo el automóvil con uno relacionado con el crimen organizado. Las niñas fallecieron en el lugar, mientras que otros familiares resultaron heridos.

La defensa de los militares argumentó que se trató de un “enfrentamiento confuso”, pero el juez consideró que existen elementos suficientes para procesarlos. Los 13 elementos quedaron en prisión preventiva.

El caso de Leidy y Alexa generó una profunda indignación nacional por tratarse de dos niñas que perdieron la vida en un supuesto “fuego cruzado” entre militares y civiles. Este tipo de incidentes, donde el uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos del Estado cobra la vida de inocentes, erosionan gravemente la confianza de la población en las instituciones de seguridad. En un país donde la violencia del crimen organizado ya ha causado miles de víctimas, la muerte de niños por acciones de las fuerzas armadas representa un fracaso doble: el de no proteger a la población civil y el de no garantizar que las operaciones de seguridad se realicen con el estricto respeto a los derechos humanos y los protocolos de uso de la fuerza.
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