La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reconoció durante su comparecencia en el Senado que la Fiscalía General de la República (FGR) “no tiene pretextos” para no enfrentar con mayor contundencia al crimen organizado en el país.

Godoy señaló que, a pesar de contar con herramientas jurídicas y recursos suficientes, persiste una “debilidad operativa” que ha impedido resultados más visibles en la desarticulación de cárteles. Sus declaraciones se produjeron en medio de cuestionamientos de la oposición por el alto número de homicidios y desapariciones que registra el país.

La funcionaria, cercana a la 4T, evitó dar cifras concretas sobre carpetas de investigación abiertas contra objetivos prioritarios y se limitó a pedir “mayor coordinación” entre autoridades federales y locales.

Reconocer que la principal fiscalía del país “no tiene pretextos” para combatir al crimen organizado pone en evidencia una realidad incómoda: a pesar de los discursos oficiales, la violencia y la impunidad siguen siendo estructurales en México. Cuando incluso figuras cercanas al gobierno admiten esta debilidad, queda claro que el problema no radica en la falta de leyes o recursos, sino en la voluntad y la capacidad real para aplicarlas. Las familias mexicanas, que día con día enfrentan la inseguridad, merecen instituciones que actúen con firmeza y resultados concretos, no solo con reconocimientos retóricos. La recuperación del territorio y la protección efectiva de la vida de los ciudadanos deben ser prioridades absolutas, más allá de cualquier narrativa que busque minimizar la magnitud de la crisis.
​