Una coalición de 17 fiscales generales de estados gobernados por demócratas, incluyendo Nueva York, California y Massachusetts, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por una política del Departamento de Educación que obliga a las universidades a recopilar y reportar datos detallados sobre la raza de los solicitantes, junto con promedios de calificaciones y puntajes de exámenes. La medida, emitida en agosto de 2025, busca verificar el cumplimiento con la decisión de la Suprema Corte de 2023 que prohibió las preferencias raciales en admisiones, asegurando transparencia para evitar discriminaciones inversas. Los demandantes argumentan que viola la privacidad estudiantil y excede la autoridad federal, calificándola de "invasiva" y un intento de socavar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

El Departamento de Educación defendió la política como esencial para promover equidad basada en méritos, no en cuotas raciales. La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva York, podría prolongar tensiones entre el gobierno central y estados progresistas.

Esta acción legal surge tras la eliminación de políticas afirmativas que, según críticos, priorizaban identidad sobre logros individuales, en un sistema educativo donde la transparencia podría fomentar un acceso más justo, beneficiando comunidades hispanas que valoran el esfuerzo personal en entornos competitivos.
​