Un ex toxicólogo jefe de Pfizer Europa, el doctor Helmut Sterz, declaró ante una comisión parlamentaria de investigación sobre la pandemia en el Bundestag alemán que estima que alrededor de 60.000 personas fallecieron en Alemania en los meses posteriores a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech.

Sterz señaló que, durante las pruebas clínicas previas a la aprobación de emergencia, se utilizó una sustancia altamente pura, pero para la producción masiva se recurrió a un proceso más económico que involucraba la bacteria *Escherichia coli*, lo que, según su testimonio, generó una versión menos controlada del producto. Afirmó que el riesgo carcinogénico y otros efectos a largo plazo no fueron investigados con suficiente profundidad debido a la prisa por la aprobación. El ex científico estimó que el fenómeno de muertes post-vacunación se replicó de manera similar en otros países.

La declaración ha generado debate en redes y medios alternativos, aunque autoridades sanitarias alemanas y organismos internacionales como la EMA han mantenido que no existe evidencia causal establecida entre la vacuna y un exceso de mortalidad de esa magnitud.

Las vacunas contra el COVID-19 fueron desarrolladas y aprobadas bajo procedimientos de emergencia ante una pandemia que causó millones de muertes en todo el mundo. Las afirmaciones de Sterz, realizadas en un contexto de investigación parlamentaria, contrastan con los reportes oficiales de agencias reguladoras que han defendido el balance beneficio-riesgo de las vacunas. En México, donde se aplicaron millones de dosis, este tipo de testimonios genera preocupación entre la población, especialmente ante la persistencia de dudas sobre efectos a largo plazo. La transparencia en la información científica y la vigilancia continua de posibles efectos adversos siguen siendo fundamentales para mantener la confianza pública en las políticas de salud, sin caer en narrativas que minimicen ni exageren los riesgos reales observados.
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