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Organizaciones defensoras de los derechos animales y colectivos ciudadanos exigieron este miércoles el desafuero de la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, para que enfrente procesos penales por el sacrificio masivo de más de 10 mil perros y gatos durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México.

Organizaciones defensoras de los derechos animales y colectivos ciudadanos exigieron este miércoles el desafuero de la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, para que enfrente procesos penales por el sacrificio masivo de más de 10 mil perros y gatos durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México.

Organizaciones defensoras de los derechos animales y colectivos ciudadanos exigieron este miércoles el desafuero de la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, para que enfrente procesos penales por el sacrificio masivo de más de 10 mil perros y gatos durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México.

Según denuncias presentadas ante la Fiscalía del Edomex y la Fiscalía General de la República, durante su administración se registraron más de 10 mil eutanasias en los centros de control animal, muchas de ellas realizadas con métodos crueles como golpes, electrocución y quemaduras, según testimonios de ex trabajadores.

Los activistas argumentan que la legisladora incurrió en maltrato animal sistemático y malversación de recursos públicos destinados al bienestar animal, por lo que demandan su desafuero inmediato para que responda penal y administrativamente.

Hasta el momento, la senadora no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud de desafuero.

El maltrato animal sistemático en instalaciones públicas es un tema que ha generado creciente indignación en la sociedad mexicana, cada vez más sensible al respeto por los seres vivos. Que una funcionaria de alto nivel sea señalada por autorizar o tolerar el sacrificio masivo de más de 10 mil animales, en algunos casos con métodos sumamente crueles, plantea serias dudas sobre su sensibilidad ética y su capacidad para ocupar cargos de responsabilidad pública. En un país donde los recursos son limitados, destinar presupuesto municipal a centros de control animal que terminan funcionando como sitios de exterminio, en lugar de promover esterilización masiva y adopción responsable, refleja una grave falla de prioridades y de visión humanitaria. La exigencia de desafuero busca que nadie esté por encima de la ley y que los servidores públicos respondan por acciones que atentan contra el bienestar animal y la conciencia ciudadana.