Los familiares de Edith Guadalupe, la joven de 22 años asesinada en Zapopan, Jalisco, en febrero de 2025, acusaron públicamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco de encubrir al presunto responsable del feminicidio.

En una conferencia de prensa, los padres y hermanos de la víctima señalaron que, a pesar de contar con pruebas suficientes, la dependencia ha dilatado las investigaciones, ha omitido citar a declarar a testigos clave y ha intentado minimizar la responsabilidad del principal sospechoso, quien sería un conocido de la familia con influencias locales.

“Nos están encubriendo al asesino. Han pasado más de un año y no hay avances reales. Solo quieren cerrar el caso como suicidio o accidente”, denunciaron los familiares.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha emitido una respuesta oficial a las graves acusaciones.

El feminicidio de Edith Guadalupe se suma a la larga lista de casos de violencia extrema contra las mujeres en Jalisco, uno de los estados con mayores índices de este delito en el país. Las acusaciones de encubrimiento por parte de la Fiscalía refuerzan la percepción de que, en muchos casos, la justicia opera con lentitud o sesgos cuando los presuntos responsables tienen algún tipo de influencia o conexión con estructuras de poder. En un país donde miles de familias siguen buscando justicia para sus hijas, hermanas o madres, este tipo de denuncias evidencian la profunda crisis de confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar la violencia de género. La protección efectiva de las mujeres y la aplicación rigurosa de la ley, sin distinciones ni protecciones indebidas, siguen siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
​