La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada contra Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El caso se originó en 2020 tras la difusión de videos en los que Pío López recibía sobres amarillos en efectivo de David León, entonces coordinador de Protección Civil, en reuniones privadas en 2015 y 2016.

Tras más de cinco años de indagatorias, la FGR concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito, argumentando que los videos no demostraban la ilicitud del dinero ni su destino final. La carpeta de investigación fue archivada definitivamente en marzo de 2026.

El caso de los “sobres amarillos” generó amplio debate público desde su difusión en 2020, en un momento de alta polarización política. Aunque la FGR no encontró elementos para proceder, la resolución llega en un entorno donde la percepción de impunidad en casos de alto perfil sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía. En un país con más de 110 mil personas desaparecidas y miles de homicidios anuales sin resolver, la celeridad y transparencia en investigaciones que involucran a figuras cercanas al poder resultan fundamentales para mantener la confianza en las instituciones de procuración de justicia.
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