La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Según el documento, Rocha Moya habría mantenido relaciones de protección y colaboración con líderes del cártel, facilitando el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas señalan que, durante su gestión, se habrían registrado acuerdos de no agresión y protección a ciertas células criminales a cambio de estabilidad política en el estado. La acusación forma parte de una investigación más amplia sobre la infiltración del narcotráfico en gobiernos estatales mexicanos.

Hasta el momento, el gobernador de Sinaloa no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos.

Sinaloa ha sido durante años uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado y uno de los principales puntos de salida de fentanilo hacia Estados Unidos. Cuando una fiscalía federal estadounidense acusa directamente a un gobernador en funciones de tener vínculos con el cártel que controla la entidad, se pone en evidencia la profundidad de la infiltración que ha alcanzado el narcotráfico en algunas instituciones. Las familias sinaloenses y mexicanas merecen gobernantes que prioricen la seguridad y el Estado de derecho por encima de cualquier cálculo político. Este caso refuerza la necesidad de que las autoridades mexicanas actúen con transparencia y firmeza ante cualquier señalamiento de esta naturaleza, para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que nadie está por encima de la ley.
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