La Asociación Mexicana de Distribuidores de Combustibles (AMDC) y la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) denunciaron públicamente que están siendo objeto de presión e intimidación por parte del gobierno federal tras la colocación de lonas en estaciones que venden gasolina por encima de los 24 pesos por litro.

Los representantes del sector señalaron que han recibido visitas de inspectores de la Profeco y advertencias de autoridades hacendarias, lo que consideran una forma de hostigamiento para forzar el cumplimiento de un “precio tope” que no refleja los costos reales de operación, impuestos y logística.

“Estamos siendo señalados públicamente y amenazados con sanciones por vender a precios de mercado. Esto genera incertidumbre y desaliento en el sector”, afirmaron.

El precio de los combustibles es un tema sensible que impacta directamente en la economía familiar y la competitividad de las empresas. Cuando el gobierno opta por señalar públicamente y presionar a los empresarios del sector en lugar de atender las causas estructurales de los altos costos —como la dependencia de importaciones y la volatilidad internacional—, se genera un ambiente de incertidumbre que puede desalentar la inversión y afectar el abasto. Los gasolineros, como cualquier empresario, tienen derecho a operar con reglas claras y estables. En un país que busca atraer inversión y generar empleos, este tipo de prácticas de señalamiento público contrastan con la necesidad de un marco regulatorio predecible que respete la libre competencia y proteja tanto a los consumidores como a los inversionistas.
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