El gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), aprobó una nueva contribución que grava la tenencia de perros en el estado. La medida, incluida en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, establece el pago de una cuota anual por cada animal de compañía canino registrado, cuyo monto oscilará entre 350 y 650 pesos según el tamaño y la raza del perro.

Las autoridades justificaron la iniciativa como una forma de generar recursos para programas de esterilización, vacunación y control de la población canina callejera. Sin embargo, la medida ha generado rechazo entre asociaciones protectoras de animales y dueños de mascotas, quienes la consideran un gravamen excesivo e innecesario.

La oposición en el Congreso local criticó la disposición, argumentando que en lugar de imponer nuevos impuestos, el gobierno debería optimizar el gasto público y combatir la corrupción para financiar programas sociales.

Esta nueva contribución se suma a la tendencia de gobiernos estatales de buscar ingresos adicionales mediante impuestos y derechos sobre actividades cotidianas de la ciudadanía. En un país donde millones de familias enfrentan dificultades económicas y donde el costo de la vida sigue presionado por la inflación, gravar la tenencia de mascotas representa una carga adicional para los hogares. Más allá de la intención declarada de controlar la población canina, este tipo de medidas fiscales reflejan una visión que prioriza la recaudación por encima de la simplificación administrativa y la contención del gasto público.
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