El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que, entre enero y noviembre de 2025, el ICE arrestó a 261 beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y deportó a 86 de ellos. De los detenidos, 241 contaban con historial delictivo, según cifras oficiales compartidas con el Congreso.

El programa, creado para jóvenes migrantes llegados en la infancia, no otorga estatus legal permanente ni inmunidad absoluta. Las deportaciones forman parte de la política de aplicación estricta de las leyes migratorias, priorizando la seguridad pública y el cumplimiento de la ley.

Aunque senadores demócratas han criticado las acciones, las autoridades enfatizan que se trata de casos con causas justificadas, no de persecución arbitraria.

En contexto, esta medida refuerza el principio de que nadie está por encima de la ley, protegiendo el bienestar de las familias estadounidenses y contribuyendo a restaurar el orden en un sistema migratorio que durante años permitió excepciones que generaron riesgos innecesarios para la comunidad.
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