El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la administración Trump, implementará a partir del próximo mes un requisito de fianza para solicitantes de visa de turista (B1/B2) y otras categorías no inmigrantes provenientes de 12 países considerados de “alto riesgo migratorio”. La fianza, que oscilará entre 5 mil y 15 mil dólares según el perfil del solicitante y el país de origen, será reembolsable solo si la persona abandona territorio estadounidense antes de que expire su periodo autorizado. Entre los países incluidos se encuentran México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó la medida como una herramienta para “garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias” y reducir el número de overstays (permanencia ilegal tras expiración de visa), que en 2025 superó los 800 mil casos según datos del DHS. Quienes no puedan pagar la fianza podrán optar por un depósito en efectivo o garantía bancaria.

Esta política recupera elementos del primer mandato de Trump y responde al incremento sostenido de llegadas irregulares y permanencias ilegales en la última década. En un sistema migratorio que ha permitido que millones permanezcan sin autorización tras ingresar legalmente, la medida busca restablecer incentivos para el cumplimiento normativo. Para comunidades hispanas que viajan legalmente y respetan las reglas, el requisito representa un costo adicional significativo, mientras que para quienes abusan del sistema, podría ser un freno efectivo a prácticas que han sobrecargado recursos públicos en ciudades fronterizas y del interior.
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