El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso sanciones al activista Miguel Alfonso Meza por publicaciones en redes donde cuestionó la candidatura de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a un puesto judicial por voto popular. Meza, fundador del proyecto Narcopoliticos que investiga vínculos entre políticos y crimen organizado, fue acusado de violencia política de género. Las medidas incluyen inscribirse en el padrón de violentadores, ofrecer disculpas públicas y eliminar los contenidos. Meza defendió su labor como un ejercicio de transparencia, argumentando que expone riesgos para la integridad judicial en un contexto de elecciones populares para jueces.

La resolución del TEPJF, emitida tras una queja de Delgado, resalta tensiones entre libertad de expresión y normativas electorales. Activistas han criticado la decisión como un intento de silenciar denuncias sobre posibles infiltraciones criminales en instituciones públicas.

Este caso ilustra cómo regulaciones destinadas a promover equidad pueden limitar el escrutinio público en un país con historial de impunidad, afectando la confianza en el sistema judicial y recordando la importancia de salvaguardar la libertad de expresión para fortalecer instituciones ante amenazas que erosionan la estabilidad social.
​