Un informe detallado revelado por activistas y verificado por medios independientes expone que, durante la gestión de Mariela Gutiérrez Escalante como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, se ejecutaron más de 2.500 animales en los centros de bienestar animal utilizando métodos extremadamente crueles: golpes con objetos contundentes, electrocución y quemaduras.

Testimonios de ex trabajadores y documentos internos del municipio describen que los animales eran sometidos a procedimientos dolorosos y prolongados, sin sedación adecuada, violando incluso la Ley de Protección a los Animales del Estado de México. En algunos casos se reportan perros y gatos quemados vivos o electrocutados en grupos para “ahorrar tiempo y recursos”.

La senadora de Morena, quien ahora ocupa un escaño en el Senado de la República, había admitido previamente la ejecución masiva de animales, pero justificándola como “cumplimiento de la norma”. Hasta el momento no ha emitido una nueva declaración sobre las formas específicas de ejecución.

La protección a los animales ha avanzado de manera significativa en la conciencia ciudadana mexicana. Que en un centro municipal de bienestar animal se hayan utilizado métodos tan brutales como golpizas, electrocución y quemaduras para sacrificar a más de 2.500 ejemplares revela una grave falla ética y administrativa. Este caso no solo genera indignación legítima, sino que también cuestiona la sensibilidad y la capacidad de gestión de quienes ocupan cargos públicos. En un país donde los recursos son limitados y donde millones de familias enfrentan carencias, el uso irresponsable del presupuesto municipal para mantener instalaciones que terminan convirtiéndose en centros de sufrimiento animal es especialmente reprobable. La sociedad espera que las autoridades actúen con humanidad, responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida, más allá de justificaciones administrativas.
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