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Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, hermano del exgobernador de Tabasco, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. La decisión se tomó tras una audiencia de más de 12 horas en la que la Fiscalía General del Estado presentó elementos de prueba que lo relacionan con al menos tres casos de personas desaparecidas en la región de Los Ríos durante su periodo de mayor influencia política (2013-2018).

Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, hermano del exgobernador de Tabasco, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. La decisión se tomó tras una audiencia de más de 12 horas en la que la Fiscalía General del Estado presentó elementos de prueba que lo relacionan con al menos tres casos de personas desaparecidas en la región de Los Ríos durante su periodo de mayor influencia política (2013-2018).

Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, hermano del exgobernador de Tabasco, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. La decisión se tomó tras una audiencia de más de 12 horas en la que la Fiscalía General del Estado presentó elementos de prueba que lo relacionan con al menos tres casos de personas desaparecidas en la región de Los Ríos durante su periodo de mayor influencia política (2013-2018).

Bermúdez Requena, conocido en círculos locales como “La Barredora”, permanecerá en prisión preventiva por un año mientras se desarrolla la investigación complementaria. La Fiscalía lo señala como uno de los principales operadores de una red que habría utilizado estructuras de seguridad pública y grupos armados para llevar a cabo desapariciones forzadas.

Tabasco ha sido uno de los estados con mayor incidencia de desapariciones forzadas en proporción a su población durante la última década. La vinculación a proceso de una figura cercana al poder político local representa un paso relevante en la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas. Sin embargo, en un país donde la impunidad supera el 90 % en muchos delitos graves, este caso también pone a prueba la independencia y eficacia del sistema de procuración de justicia, especialmente cuando se trata de personas que formaron parte de estructuras de poder durante administraciones anteriores.