La Knesset (Parlamento israelí) aprobó en primera lectura un proyecto de ley que permite aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por el asesinato de ciudadanos israelíes. La iniciativa, impulsada por partidos de derecha y ultraderecha, fue respaldada por 62 votos a favor y 38 en contra.

La medida se limita exclusivamente a palestinos de Cisjordania y Gaza condenados por terrorismo que resulte en muerte de israelíes, y no aplicaría a ciudadanos israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu defendió la propuesta argumentando que “quienes asesinan a nuestros ciudadanos no merecen vivir a costa del Estado de Israel”.

La iniciativa aún debe pasar por segunda y tercera lectura, así como por revisión de la Comisión de Constitución, Ley y Justicia.

Este debate se produce en medio de una escalada de violencia en la región y tras años de ataques terroristas que han cobrado la vida de cientos de israelíes. Israel, como democracia liberal, ha mantenido históricamente una moratoria de facto en la aplicación de la pena de muerte (la última ejecución fue en 1962). La propuesta refleja el endurecimiento de posturas ante el terrorismo, pero también genera preocupación sobre posibles implicaciones en el derecho internacional y en el delicado equilibrio entre seguridad y principios democráticos. En un conflicto de larga data, donde la pérdida de vidas inocentes es constante, medidas de este tipo responden al legítimo derecho de un Estado a defender a su población, aunque su implementación deberá ser cuidadosamente evaluada para no afectar el Estado de derecho.
​