Un juez federal ordenó la liberación inmediata del conductor del tren y del jefe de despacho del Corredor Interoceánico del Istmo, ambos detenidos tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 12 de marzo en el tramo Salina Cruz-Coatzacoalcos, que dejó 14 personas muertas y más de 30 heridos.

La resolución se basó en supuestas “fallas de motivación” en la vinculación a proceso. Los liberados eran considerados los principales responsables operativos del accidente, según las investigaciones preliminares que apuntaban a exceso de velocidad y omisiones en el mantenimiento de la vía.

Familiares de las víctimas expresaron su indignación y denunciaron que se busca cerrar el caso sin llegar a las responsabilidades de mayor nivel.

El Corredor Interoceánico fue presentado como uno de los proyectos estratégicos de la transformación nacional, con una fuerte inversión de recursos públicos. Sin embargo, los constantes accidentes, fallas de mantenimiento y ahora la liberación de los principales responsables operativos generan serias dudas sobre la planeación, ejecución y supervisión de esta obra. Cuando un accidente con 14 muertos resulta en la rápida liberación de los funcionarios directamente involucrados, se fortalece la percepción de que en algunos megaproyectos emblemáticos prima la protección institucional por encima de la justicia para las víctimas. Los mexicanos merecen que los grandes proyectos de infraestructura cumplan con los más altos estándares de seguridad y que, ante cualquier tragedia, las responsabilidades se asuman con rigor y sin privilegios. La vida de los trabajadores y usuarios debe estar siempre por encima de cualquier narrativa política.
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